El mínimo no negociable

Con ocasión de una columna publicada recientemente por Fernando Savater en El Tiempo y en otros medios electrónicos, y las condiciones que ese medio de comunicaciones ha hecho públicas acerca del maltrato al que se ven sometidas las mujeres indígenas, se reviven debates acerca de la conveniencia de contar o no con regímenes especiales para determinadas poblaciones, por razones étnicas, históricas, o sociales.

En la modernidad, lejos de la influencia de los imperios de la antigüedad, los únicos Estados que han tratado de imponer el modelo de los Estados étnicos (ambos acérrimos y expresos enemigos de la modernidad) han sido los nazis en su plan para la postguerra y su visión de lo que llamaron la “Europa de las etnias” y los soviéticos con sus soviets basados en la identidad cultural y étnica de sus regiones.

Por supuesto, la legislación occidental moderna ha recogido mucho de ello garantizando la existencia de gobiernos dentro del Estado otorgando prerrogativas y derechos especiales a territorios por razones étnicas o históricas, como los First Nations en Canadá o la legislación indígena en Colombia. Estos mecanismos resultan benéficos en algunos casos y afectan la transparencia y gobernanza en otros, además de ser injustos y orientarse exclusivamente en favor de comunidades que se perciben históricamente marginalizadas aunque habría que ver que tan real es esa apreciación cuando se tiene en cuenta que de las 10 provincias con mayor PIB per cápita en España, 6 corresponden a Cataluña o Bilbao.

Pero del debate planteado por Savater surgen una serie de inquietudes en relación con dos elementos: (i) la necesidad de plantear el debate democrático a partir de una base común en el lenguaje; y, (ii) la existencia de grupos dentro del Estado con mayores beneficios que otros.

Frente al primer elemento, Savater toma como ejemplo la práctica de Baruch Spinoza infiriendo que la mejor forma de llegar a un acuerdo y lograr el éxito en la deliberación es estar de acuerdo en el lenguaje. Después de todo, asignamos significados a palabras que no siempre comparten nuestros interlocutores.

Frente al segundo elemento, Savater sostiene que la falla en la democracia se da cuando se viola el principio de que “el derecho a la diferencia se basa precisamente en que no haya diferencia de derechos.” En la medida en que se creen beneficios para unos en detrimento de otros, lo que se posterga es una violación de la democracia y de los principios que la sostienen.

Lo anterior equivale a decir que se debe trazar entre el “marco común lingüístico” un paralelo o equivalencia con un “mínimo no negociable” político y filosófico de cada uno de sus ciudadanos con el Estado y la sociedad. Una violación de ese mínimo conlleva a que una porción de la sociedad considere violados sus derechos por no compartir un marco común lingüístico o filosófico acerca de qué significa el derecho al libre desarrollo de la personalidad o cuál debe ser su extensión. Cuando encargamos a terceros de definir ese alcance, percibimos como vías de hecho las actuaciones de los intérpretes e invitamos a la imposición de la fuerza por encima de las vías democráticas, y a las negociaciones de poder por encima de las participaciones deliberativas, es decir, la violación del mínimo no negociable tiene como consecuencia la violación de la democracia.

Por el contrario, un país gobernado por el principio del mínimo no negociable debería ofrecer:

  • Respeto por la diversidad sin sacrificar la tradición
  • La no imposición de la moral de unos sobre otros
  • Menores costos de operación y menor gasto
  • La ineficiencia del compro de votos por vía de los subsidios

En el marco de Colombia, en dónde nos preguntamos cada año acerca de la necesidad de hacer una nueva reforma tributaria para pagar el gasto incremental que se percibe como excesivo así como las preguntas que surgen con ocasión de un proceso de paz que requiere de la incorporación a la vida civil de miles de personas que han vivido medio siglo en violación de la ley, la fijación del “mínimo no negociable” debería ser el marco dentro del cual se lleven a cabo dichas negociaciones.

Deberíamos preguntarnos si lo que necesitamos es un gobierno más fuerte que garantice la seguridad y los derechos de sus ciudadanos (en lo que ha fracasado) o si, más bien, quizás lo que requerimos es un gobierno menos fuerte, más pequeño y con menos herramientas que no suponga una constante violación de los valores de sus ciudadanos, pero que resulte en una sociedad con mayor cohesión y respeto por el otro, en últimas, un gobierno menos fuerte para obtener un Estado más fuerte.

Muchos son los enemigos de una asamblea constituyente en el marco actual del proceso de paz y la potencial afectación del voto popular por vía de las armas, pero quizás es precisamente eso lo que necesitamos, siempre y cuando los constituyentes comprendan que su objetivo es encontrar ese “mínimo no negociable”, ese “marco común lingüístico” que compartimos los colombianos, en vez de incorporar conceptos de doctrinantes extranjeros quienes, a pesar de tener una base filosófica común, no por ello comprenden o pueden vislumbrar las consecuencias de implementar sus propuestas en sociedades tan disímiles.

About Juan Pryor

Abogado de la Universidad de los Andes con amplia experiencia en consultoría a entidades en sector altamente supervisados o regulados. Su práctica se ha enfocado en el desarrollo de negocios apoyando a empresas medianas y grandes a ingresar al mercado latinoamericano en los sectores financiero, energético y defensa.

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